Justicia ambiental
La economía clásica no toma en consideración en sus análisis los límites de espacio y de recursos naturales. La economía ambientalista integra el ambiente en el mercado, lo que tampoco aporta solución. La economía ecológica acepta los límites del espacio ambiental, e integra la necesidad de su distribución justa entre comunidades y pueblo, así también entre generaciones (Joan Martínez Alier, 1994).
Definición
La justicia ambiental se refiere al justo compartir del espacio ecológico, pero igualmente al esfuerzo de evitar el daño ambiental, o si ocurre, con su compensación o reparación. Esta no es solamente una cuestión ética, sino que también una cuestión política y jurídica. En última instancia, una cuestión de inteligencia y de capacidad de anticipación.
La justicia ambiental es el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales.
El tratamiento justo significa que ningún grupo de personas, incluyendo los grupos raciales, étnicos o socioeconómicos, debe sobrellevar desproporcionadamente la carga de las consecuencias ambientales negativas como resultado de operaciones industriales, municipales y comerciales o la ejecución de programas ambientales y políticas a nivel federal, estatal, local y tribal.
Histórico
El concepto de justicia ambiental nació de las luchas del Movimiento Negro en Estados Unidos. A partir del aprendizaje de la lucha por los derechos civiles en los años sesenta, los grupos organizados de defensa de las poblaciones no anglo-saxonas comenzaron a percibir, a principio intuitivamente y después de manera sistemática, que las actividades muy poluentes y ambientalmente degradantes estaban distribuidas intencionalmente en el territorio estadounidense. Concentraban se, de hecho, en las regiones y barrios donde la población era sobretodo negra, indígena o latina. Ese "racismo ambiental" demostraba la coherencia entre la desigualdad social y la desigualdad ambiental, haciendo que las poblaciones excluidas y marginal izadas recibieran una parte desproporcional del impacto ambiental generado por el sistema socioeconómico. Las clases dominantes, aunque fueran responsables por la mayor parte de este impacto, a través de sus patrones de consumo y producción insustentables, "protéjanse" de la degradación orientando los efectos de ella para el espacio colectivo y para los territorios ocupados por los sectores no anglo-sajones de la población.
La operación conceptual innovadora consistió en pensar el ambiente no solamente en términos de conservación, sino también de derechos y justicia. La idea central fue que todos los ciudadanos tienen igual derecho al ambiente sano, siendo injusta cualquier estructura o proceso que direccionara la degradación o los riscos ambientales a los sectores vulnerables de la población, desde el punto de vista social y económico. Tal degradación, cuando no sea posible evitarla, debe ser distribuida de manera equitativa por los diferentes sectores de la sociedad. En este sentido, el movimiento contra la destrucción y degradación ambiental pasó a ser considerado un espacio de lucha democrática y de afirmación de la universalidad de los derechos humanos.
Justicia ambiental y noción de deuda ecológica
En términos mas generales, la justicia ambiental es esencial al desarrollo socioeconómico. La apropriación de la mayor parte de los recursos naturales por parte de los paises más ricos y los límites de los recusos naturales, así como de la capacidad de absorción de la Tierra, deja muy pocos recursos disponibles para los pueblos empobrecidos. Ello impide que estos pueblos puedan desarrollar sus economías de forma justa y sustentable hacia la satisfacción de sus necesidades básicas (que son derechos intrínsecos a su condición humana), y de implantar las condiciones para el desarrollo social y humano. Esta sobre explotacion del medioambiente natural, en condiciones de dominacion de unos sobre otros, determina una deuda ecológica que sigue acumulándose en la actualidad.
De la misma manera que el trabajo esclavo utilizado para extraer gran cantidad de recursos naturales y humanos de los países del Sur representa una deuda social histórica que tiene que ser reconocida y tomada en cuenta para compensación.
